“La indisoluble unidad de la nación española” ¿Un concepto contrario a derecho?

Autor: Eduardo Muñoz//


“Toda relación con la tierra, el hábito de labrarla, de trabajar sus minas o simplemente de cazar en ella, engendra el sentimiento de patriotismo.”

(Ralph Waldo Emerson)

En la Europa de los últimos años hemos podido asistir al auge de los movimientos secesionistas por parte de determinados grupos políticos en las diferentes regiones de Europa. Centrándonos en España, no cabe duda que en los últimos años el movimiento más abiertamente contrario a continuar con la pertenencia dentro del Estado ha tenido lugar en Cataluña. Los argumentos esgrimidos por estos movimientos secesionistas son de sobra conocidos por el lector, al igual que los esgrimidos por los defensores de la unidad del Estado español. Por tanto, no es objeto de este ensayo repetir dicho argumentos, sino entrar en el análisis del texto legal al que se acogen los defensores de la unidad del Estado: el artículo 2 de la Constitución Española de 1978: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. De todo lo dispuesto en ese artículo (sin entrar a valorar la penosa técnica legislativa empleada en la redacción de un precepto que mezcla tantos conceptos en un mismo párrafo), este escrito sólo tiene por objeto el análisis de la primera del precepto, a saber: la indisoluble unidad de la Nación española.

La legitimidad de la Constitución Española, base y límite para cualquier desarrollo normativo, proviene de la aprobación que realizó la población española en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. Hasta aquí parece todo muy lógico: se celebró un referéndum y la población manifestó su voluntad por medio de su voto, masivamente, de manera afirmativa. Sin embargo, ¿qué sucede con los españoles que no pudieron prestar su consentimiento? ¿es legítimo que se les aplique una norma a la cual no han prestado su consentimiento de manera expresa? ¿existe un consentimiento tácito derivado de nuestras propias acciones?

Unidad Nación_ArbolComo cualquier texto constitucional escrito, la tendencia general es recurrir al argumento esgrimido por los defensores de las teorías contractualistas en la formación del Estado, que a su vez es el mayoritario. Estas teorías han sido defendidas por autores y pensadores tales como Hobbes, Locke o Rousseau entre otros. Dicha teoría consiste en afirmar que el Estado es producto de un contrato firmado por toda la sociedad con el fin de perder parte de su libertad en beneficio de la seguridad. No cabe duda, por tanto, que para cualquier firma de un contrato es necesario prestar el consentimiento, bien expreso bien tácito. Más adelante abordaremos esta cuestión del consentimiento.

Hasta la fecha el lector habrá podido relacionar y apreciar la similitud que existe, por un lado, entre la aprobación de un texto legal que sea la Norma Superior del Ordenamiento Jurídico -y que al tiempo constituya el límite del resto de normas legales: la pérdida de cierta libertad a cambio de establecer un régimen que ofrezca la seguridad necesaria para el ejercicio de la esfera de libertad aún existente- y cualquier teoría contractualista para la formación del Estado y de la sociedad. Ahora bien, al analizar los Principios del Derecho de Contratos es posible encontrar los fundamentos por los cuales la indisoluble unidad de la Nación española es contraria a esos Principios. No parece lógico que la Norma Superior de todo el Ordenamiento Jurídico sea, a su vez, contraria a los Principios del Derecho a la que una parte de ese Ordenamiento debe someterse.

En primer lugar, si tenemos en consideración los requisitos esenciales para la existencia de un contrato el consentimiento de los contratantes es uno de ellos. Sin la existencia de ese requisito cualquier contrato sería nulo de pleno Derecho por carecer de un elemento esencial que éste debe contener. Por ese motivo ya podríamos comenzar a cuestionar la validez de la propia Constitución, pues los ciudadanos españoles nacidos con posterioridad al 6 de diciembre de 1960 no han tenido oportunidad de prestar su consentimiento expreso. Sin embargo, los defensores de las teorías contractualistas podrían alegar que existe un consentimiento tácito por parte de esos ciudadanos que no pudieron expresar el consentimiento expreso. Dicho consentimiento tácito se habría manifestado por el mero hecho de participar en los diferentes procedimientos electorales o por alegar y hacer uso de los derechos reconocidos en la propia Constitución. Entonces, cabe plantearse en el caso de que el consentimiento fuese táctico si la Constitución (como contrato) no se asemejaría a un contrato de adhesión, ya que vendría redactada por una de las partes y las demás partes se limitarían a aceptar (tácitamente) su contenido. De hecho, sin la existencia de un consentimiento tácito cabe preguntarse ¿qué legitimidad existe para aplicar dicha Ley a aquellos ciudadanos que no pudieron prestar su consentimiento expreso?

Unidad Nación_CEEn segundo lugar, y volviendo al objeto del ensayo, la indisoluble unidad de la Nación española. La RAE determina que por indisoluble se entiende aquello que “no se puede disolver”, es decir, que no se puede separar o desunir. Es decir, que el contrato (social) que constituye la Constitución con la Sociedad (la Nación) presupone la duración perpetúa y eterna de dicho contrato. No obstante, la práctica de siglos estipula que cualquier contrato tiene un término que indica el momento temporal en que finalizan o se inician los efectos del negocio jurídico. El término se refiere a un momento futuro pero cierto, y es un requisito de eficacia de la voluntad negocial, en cuanto que los efectos del contrato se desplegarán o cesarán al llegar el momento temporal fijado. Por tanto, no cabe ninguna duda que el texto constitucional establece el momento en el que se inician los efectos de éste, pero no determina el momento en el cual dejan de surtir los efectos de dicho contrato que es la Constitución, pues como del propio artículo 2 se desprende éste tiene predisposiciones de eternidad.

En tercer lugar, y en relación con el argumento anterior, la Constitución no prevé el concepto jurídico que es la rescisión, pues el propio texto se basa en la unidad perpetua y eterna de la Nación española. Lo que sí que ha previsto el texto constitucional es la posibilidad de revisión total o parcial del propio texto, como la establecida en el artículo 168, si bien los requisitos para su consecución endurecen sobremanera cualquier posibilidad de modificación o reforma de la voluntad de los contratantes o, en este caso, de los descendientes de los contratantes originarios. Pero, en ningún caso, contempla posibilidad alguna de finalización de dicho acuerdo voluntario de unidad entre las partes.

Resulta curioso (o no) que la Constitución no contemple siquiera una causa común de finalización de cualquier relación contractual de duración indefinida como es el mutuo disenso de las partes contratantes. El mutuo disenso no es sino el mero acuerdo de las voluntades de las partes que celebraron el contrato para dejar sin efecto la relación obligatoria, esto es, para poner fin al contrato (voluntario) y que éste deje de surtir efectos.

Los constitucionalistas seguramente defenderán la Constitución con argumentos tales como que: una Constitución no es un contrato entre voluntades sino una Norma Superior; o que no se puede aplicar la teoría de los contratos a la Constitución; o que la Constitución tiene vocación de perpetuidad, entre otros. Sin embargo, los defensores de las teorías constitucionalistas parecen olvidar que la Constitución no es más que una Ley (la más importante) dentro del Derecho Positivo. Mientras se recurre a la Ley, al Positivismo Jurídico, como una luz en la oscuridad y como garantía de seguridad, yo veo la Alemania Nazi, la URSS, la Cuba castrista o la poderosa China. Las constituciones de todos esos regímenes se autoproclaman como Estados o Repúblicas democráticas y, sin embargo, no respetan ningún derecho natural, fundamental e inherente al ser humano.

Unidad Nación_GoyaLa voluntad de establecer cualquier tipo de acuerdo (como cualquier contrato) ha existido con anterioridad a cualquier constitución. Ningún contrato puede tener ni duración ni vocación de eternidad, si bien sí indefinida. Pero cualquier contrato debe ser consecuencia de la voluntad de las partes de permanecer en él y debe permitir que, al menos por acuerdo mutuo de esas mismas partes, o sus descendientes, se pueda terminar. De no aceptarse que la Constitución es un acuerdo de voluntades se está afirmando, de manera implícita, que es una imposición de un/os sobre otros.

A modo de resumen, no debería haber duda alguna a que sólo si reconocemos y aceptamos que la Constitución es un contrato voluntario y social (entre los ciudadanos que componen una sociedad) es posible aceptar su carácter vinculante sobre la sociedad. Ahora bien, dado que ningún contrato por definición puede tener una duración perpetuidad, el concepto de indisoluble unidad de la Nación española entra en contradicción con la duración y las causas de resolución de cualquier contrato. Por tanto, se trata de un término contrario a Derecho ya que algo que no se puede disolver porque tiene vocación de eternidad está vinculando a los descendientes de los descendientes de los descendientes… de los firmantes. ¿Es legítimo que nuestros padres y abuelos puedan vincular y regir sobre la voluntad de nuestros tataranietos?

Que el lector no se equivoque ni lleve a engaños. No estoy defiendo la secesión de determinados territorios de España; al contrario, estoy a favor de su unidad, pues esa unidad nos hace más fuertes como país y nos enriquece (social, económica, lingüística y culturalmente) como Nación. Pero ello no obsta para que el concepto empleado no sea correcto, además, de innecesario. La Historia ha demostrado en repetidas ocasiones que si un territorio quiere separarse de otro, finalmente, acabará consiguiéndolo.

“No reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser humano, y cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al ser humano.”

(Hermann Hesse)