Luis Cazorla

Luis Cazorla

Luis Cazorla González-Serrano se licenció en Derecho por la Universidad Carlos III con Premio Extraordinario de Licenciatura y posteriormente se doctoró en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos con una tesis doctoral sobre “El régimen de responsabilidad de las sociedades profesionales (artículo 11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales)” que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Actualmente ejerce como profesor Titular (I) de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en el Instituto de Estudios Bursátiles.

Abogado especialista en Derecho Mercantil y Gobierno Corporativo, Derecho Bancario y Derecho Deportivo, compatibiliza su labor docente con el ejercicio de la abogacía a través del Gabinete Jurídico de la URJC del que es miembro. Trabajó en Hogan Lovells y Latham and Watkins y es socio fundador del despacho Cazorla Abogados y responsable de su Departamento de Derecho Mercantil y Procesal. Es asimismo académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Ha publicado dos monografías mercantiles (“El régimen de responsabilidad de las sociedades profesionales” y “Presidente ejecutivo y Gobierno Corporativo de Sociedades Cotizadas en España“) además de numerosos artículos doctrinales, colaboraciones en obras colectivas y publicaciones en prensa jurídica y económica en papel y on line.

Recientemente ha inaugurado un blog “jurídico y docente” cuyo enlace es http://luiscazorla.com/

ENTREVISTA



La labor de los abogados rara vez se adecua a la imagen que de ellos transmiten las películas (especialmente las americanas). En tu caso, que participas en la dirección de un despacho pequeño pero prestigioso, ¿cómo es el día a día de un abogado?

La labor y actividad de los abogados en España, poco tiene que ver con la imagen que se desprende de las películas de abogados, muy en particular las americanas, que responden, entre otras cosas, a otra cultura jurídica: la del Common Law. Dicho eso, el ejercicio de la abogacía en España puede analizarse desde una doble perspectiva, como colectivo, por un lado, y, por otro, atendiendo al concreto ejercicio de la profesión. Como colectivo, la abogacía está claramente devaluada y ha perdido el papel desempeñado en otras épocas en la sociedad civil, esta es una cuestión que a todos los abogados, con independencia del tipo de abogacía desempeñada, debe preocuparnos, y en la que debemos trabajar con el propósito de corregirla. Directamente relacionado con ese devaluado rol del abogado se encuentra la total ausencia de una cultura de asesoramiento jurídico preventivo (algo que nos diferencia también de otros mercados legales más maduros como los anglosajones) en nuestro país, lo que redunda en la consideración del abogado como “un mal necesario”, cuando el problema ya existe. En este sentido, la abogacía como colectivo tiene esforzarse por mostrar una cara más amable y cercana, comprendiendo las necesidades del cliente, de manera que su intervención profesional sea valorada como un instrumento necesario que aporte verdadero valor añadido en el desarrollo de cualquier actividad económica, no sólo en situaciones de conflicto.

En relación con el concreto ejercicio de la actividad profesional, no puede hablarse de un único tipo de abogacía, tanto por la forma de desempeño de la misma como por la materia. En mi carrera profesional hasta la fecha, he tenido la suerte de ejercer en grandes firmas internacionales y ahora en lo que puede denominarse una “boutique” o despacho colectivo de más reducidas dimensiones. El funcionamiento de las grandes Firmas, inspirado en la tradición anglosajona, que constituyen auténticas empresas de servicios jurídicos, dista mucho del propio del despacho colectivo de más reducidas dimensiones, más adaptado a la tradición jurídica de nuestro mercado. En mi caso, dicha experiencia enriquecedora, me ha servido para incorporar a CAZORLA ABOGADOS sistemas de actuación, gestión y procedimientos con los que mejorar los servicios jurídicos prestados. En la actualidad distribuyo mi tiempo entre labores de colaboración en la gestión y dirección del despacho y mi desempeño profesional como socio responsable del departamento de Derecho Mercantil y Procesal de la firma, que cuenta ya con 4 socios y un total de 12 profesionales y colaboradores, buscando cubrir un hueco que creemos existente en el mercado.

En todo caso, el día a día del abogado, depende mucho de la concreta actividad que se desempeñe, en empresa, en despacho de abogados, de asesoría preventiva o procesal, y de la materia de asesoramiento de que se trate, pero en todas estas actividades el abogado debe ser capaz de transmitir confianza a su cliente. Esa es la clave.

Más allá del esfuerzo, el estudio o la inteligencia, ¿cómo se puede alcanzar una posición destacada en el mundo de la abogacía, tan competitivo?

El mundo de la abogacía es ciertamente competitivo, muy en particular, en un mercado como el español en el que existe un exceso de oferta, pero como en cualquier campo profesional y, en general, en la vida, los elementos esenciales para progresar son el esfuerzo, la ilusión, la voluntad, el trabajo y la constancia, principios de actuación cuya observancia en el medio y largo plazo permite conseguir, muy a menudo, lo que uno se proponga.  La compleja situación actual del mercado legal, demanda profesionales que conecten con el cliente, que sepan trabajar en equipo y que gocen de una alta cualificación técnica y de capacidad de arriesgar y asumir retos, lo que de forma generalizada se ha venido a denominar en los últimos tiempos “emprender”. El mercado demanda y valora buenos abogados y el buen abogado ha de reunir los atributos expuestos. En todo caso, me da la sensación que el éxito, concepto ciertamente subjetivo, se encuentra socialmente sobrevalorado, mientras que el fracaso se “demoniza”. Detrás de un éxito hay generalmente varios fracasos previos bien asumidos y digeridos, así que hay que perder el miedo a fracasar, lo que muchas veces te impide salir de tu zona de confort.

Una de las grandes cuestiones que hoy se debate en España –quizás menos de lo debido- es la necesidad de reformar la Constitución ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Sin duda es esta una cuestión polémica y de rabiosa actualidad que en los últimos años ha formado parte del debate jurídico-político. A mi juicio, antes de pensar en reformar la Constitución, tenemos que aprender a respetarla y cumplirla, como norma suprema (norma normarum) de nuestro ordenamiento jurídico con fuerza jurídica vinculante directa. Esta posición de la Constitución, como cúspide de la pirámide kelseniana, que para los que tenemos una formación jurídica es obvia, parece haberse olvidado en el ámbito político y social, de modo que sería muy saludable emprender una labor formativa destinada a dar a conocer el verdadero contenido y alcance de la Constitución de modo que se cumpla y respete, labor en la que se hace indispensable la participación de nuestros políticos.

Partiendo de la recuperación de ese respeto a la Constitución que parece haberse diluido, un examen de su contenido material y formal permite apreciar su flexibilidad para adaptarse a los cambios sociales que lo demanden, incluso a través de su reforma, respetando los procedimientos y consensos establecidos en la propia Constitución, descartando “atajos” y caminos alternativos.

En los últimos meses se han creado nuevas figuras mercantiles y está debatiéndose en el Congreso una nueva Ley de Emprendedores, objeto de muchas críticas ¿Hacia dónde se dirige el derecho societario?

El Derecho Mercantil en sentido amplio y en todas sus materias (sociedades, contractual, concursal, mercado de valores…) desde hace unos años está siendo objeto de importantes y profundas reformas derivadas de la labor normativa comunitaria y de la crisis económica y financiera. Este proceso de profunda reforma y adaptación del Derecho Mercantil sigue en curso, como acredita la presentación antes del verano de la propuesta de Código Mercantil elaborada por la Comisión General de Codificación, o los trabajos de reforma del Reglamento del Registro Mercantil, sucesivamente abandonados.

En el ámbito estrictamente societario la Unión Europea presentó a finales del 2012 un plan de acción en materia de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo centrado, fundamentalmente, en las sociedades cotizadas y su Junta General, en las fusiones transfronterizas, y en cuestiones de Gobierno Corporativo. En paralelo, y a instancias del Gobierno trabaja en la actualidad una comisión de expertos en la reforma del marco normativo de Gobierno Corporativo interno, muy especialmente el Código unificado de Buen Gobierno Corporativo del año 2006.

Este proceso de reforma parece conducir, muy a grandes trazos, a una simplificación del régimen y funcionamiento de las sociedades capitalistas no cotizadas y al reforzamiento del papel de la Junta y de la transparencia en los mercados como instrumento de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

El conocido como proyecto de ley de Emprendedores, en la actualidad en una avanzada tramitación parlamentaria, es “harina de otro costal” y su valoración exigiría un espacio del que no disponemos, cuestión respecto de la que ya he tenido ocasión de escribir. Dicha valoración no puede ser positiva desde un punto de vista estrictamente jurídico, dado que parece ocasionar más dudas y problemas que resolver los existentes. La necesidad de impulsar la iniciativa empresarial (me gusta más que el emprendimiento, término ambiguo), es un elemento esencial para contribuir a superar la crisis, pero no se satisface adecuadamente con una norma “rápidamente cocinada” para satisfacer una exigencia social, artificialmente alimentada desde el ámbito político. La actividad emprendedora o iniciativa empresarial debe ser impulsada, simplificando costes y trámites de inicio de la actividad empresarial, objetivo que parece no satisfacer una norma que, a mayor abundamiento, introduce inseguridad jurídica y debates innecesarios en torno a figuras capitales en el Derecho Mercantil como el concepto de empresario, la personalidad jurídica o el principio de responsabilidad patrimonial universal.

La elaboración y tramitación de esta norma en el que se tratan aspectos básicos del Derecho Mercantil, contrasta con la seguida por la propuesta del Código Mercantil. Sin que éste último deba ser tomado necesariamente como ejemplo, parece que el proyecto de Ley de Emprendedores debería haber sido objeto de un análisis y estudio más profundo.

Tradicionalmente en España nos hemos inclinado por resolver los problemas sociales a través de la creación de nuevas normas ¿Crees que el Estado tiene algún otro medio para dar respuesta a esos problemas sin necesidad de acudir al BOE?

Un ejemplo paradigmático de dicha tradición es el proyecto de Ley de Emprendedores al que nos hemos referido en la anterior pregunta. Es cierto, además, que en los últimos años esa voracidad normativa que afecta tanto a leyes como a reglamentos se ha intensificado de modo que es verdaderamente difícil tener un conocimiento cierto y actualizado del Derecho vigente, situación que redunda en una inseguridad jurídica que en nada favorece el tráfico económico. El Derecho en sentido amplio, a través de cualquier manifestación normativa, responde a necesidades sociales previamente creadas y existentes y el principio de legalidad impone que la actuación de cualquier poder público se vea amparado en normas previamente aprobadas, pero siendo lo anterior cierto no lo es menos que una excesiva actividad normativa puede no sólo no atajar problemas sino crearlos, por lo que más que un abandono de la actividad normativa, imposible por otro lado, habría que pensar en su racionalización: menos normas pero más claras y mejor elaboradas. Por esta vía de seguridad jurídica y certeza, el Derecho puede contribuir a la salida de la crisis económica.

En los últimos años la calidad lingüística de las normas, leyes, reglamentos, etc… es manifiestamente mejorable ¿Crees que esta tendencia puede invertirse?

La baja calidad lingüística de nuestras normas, leyes o reglamentos, es una preocupante realidad que guarda una íntima conexión con el fenómeno de “legislación motorizada” del que hemos hablado en la pregunta anterior: se legisla mucho y mal.

Sobre la importancia del lenguaje jurídico, como vehículo de transmisión del Derecho, del que se sirven las fuentes formales del Derecho para dar a conocer el mismo, o el que emplea el abogado en el ejercicio de su actividad, se ha escrito mucho (permítanme recomendarles al respecto la lectura de “El lenguaje jurídico actual” de Luis María Cazorla Prieto), y su cuidado y defensa debe ser una preocupación compartida no sólo por juristas, sino por el conjunto de la sociedad. El problema de la baja calidad lingüística de nuestras normas es de sobra conocido y está identificado, habiéndose tomado medidas al respecto como comisiones y grupos de trabajo en el Congreso de los Diputados, sin embargo soy relativamente escéptico en cuanto a su posible solución, dado que parece una cuestión estructural por dos grandes factores: la fiebre normativa o el fenómeno de la “legislación motorizada” al que nos hemos referido, por un lado, y, por otro, el alarmante bajo nivel generalizado (con las injusticias que toda generalización conlleva) de los integrantes de los poderes normativos y, muy en particular, del poder legislativo.

En cuanto profesor que impartes clases tanto en la Universidad pública como en la privada ¿cómo ves el futuro de la próxima generación de abogados?

Al referirnos a los estudiantes de Grado de Derecho, futuros abogados y profesionales del Derecho, confluyen dos grandes cuestiones. La primera más general, relativa a la preocupante situación de la Enseñanza Universitaria española, en particular la pública, situación que responde a una multitud de factores como la implementación del Plan Bolonia, los recortes presupuestarios y el tratamiento politizado y no técnico de la problemática universitaria, en la que no me extiendo por no ser este el lugar más adecuado.

Desde una segunda perspectiva, la directamente relacionada con la formación de los futuros abogados, existen razones para ser optimistas y pesimistas. En este segundo grupo destaco lo que es una constante y creciente percepción en los últimos años y se refiere a la preocupante pérdida en las aulas de valores relacionados con el esfuerzo y el sacrificio que chocan con la complicada situación del mercado laboral actual, a la que el estudiante se va a tener que hacer frente al terminar sus estudios. Las razones que me impulsan a ser optimista con la nueva generación de abogados, que son más numerosas, guardan relación con la abundancia y calidad de la oferta formativa y docente, la existencia de unas pruebas de acceso a la profesión que al margen de la polémica generada más por razones de forma que de fondo permitirá un cierto control en el acceso al ejercicio de la profesión, las posibilidades que brindan las TICs y la Web 2.0 con las que las nuevas generaciones se han formado y desarrollado, así como un eventual escenario de oportunidades post crisis económica.

De cualquier forma, el futuro abogado ha de preocuparse por tener una formación integral no exclusivamente limitada a un adecuado conocimiento jurídico, aspecto esencial y mollar de la formación del buen abogado, sino comprensivo de otras materias y competencias que el mercado demanda en la actualidad y demandará más intensamente en el futuro: de idiomas, gestión, tecnológicas, comerciales y de comunicación en sentido amplio.

Existe un amplio desconocimiento en la sociedad actual sobre el funcionamiento de nuestro sistema judicial y de las normas jurídicas básicas ¿Qué medidas se podrían adoptar para revertir esta situación?

Es cierto que existe un generalizado desconocimiento de elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico y que una mínima labor formativa al respecto podría tener efectos beneficiosos en el debate económico, político y social. Entronca esto con lo hablado en relación con la Constitución, para cuyo conocimiento general podría articularse algún tipo de formación básica escolar a nivel general, formación que debería ser imperativa para cargos públicos.

Por último, la cuestión común a todos los entrevistados ¿Cómo ves la sociedad española dentro de quince años?

Bolonia es una buena oportunidad de poner otra cara al sistema universitario español, de adaptarlo a las nuevas necesidades educativas de una generación, la del milenio, que ya no se conforma con asistir a clase sino que precisa de otras fórmulas para aprender. El problema es que para su aplicación la universidad española necesitaría muchos más recursos que los que recibe y no todo se puede sustituir por buena voluntad y esfuerzo, algo que, por lo general, los profesores estamos haciendo.