En el tercer capítulo (temporada primera) de “Yes, Minister” titulado Economic Drive (“campaña de ahorro” según la traducción española de la serie de la BBC), Sir Humphrey, el Permanent Secretary del recién nombrado ministro británico de Administraciones Públicas, Jim Hacker, se enfrenta a los courageous planes de ahorro en la Administración que este último propone (en vano).

Para cualquier conocedor de los entresijos de un ministerio, la conversación entre el más alto funcionario del Civil Service y su jefe político le sonará a cosa bien sabida, lo que no evitará la sonrisa, y aun la carcajada, al escuchar las observaciones de Sir Humphrey. En una de ellas, el Permanent Secretary dice al Ministro sobre el despilfarro de los caudales públicos: “The public doesn’t know anything about wasting government money, we’re the experts.».

La serie, como es bien sabido, tuvo su continuidad en otra ulterior, en la que Jim Hacker se convierte en Primer Ministro y sus relaciones con Sir Humphrey se trasladan al número 10 de Downing Street. Uno de los capítulos de esta nueva serie (Yes, Prime Minister) contiene una reflexión del alto funcionario que no me resisto a transcribir:

“Por supuesto, una reducción real de la cantidad de funcionarios de la Administración sería el fin de nuestra civilización. La solución es mucho más simple: conseguir que algunos funcionarios no sean considerados miembros de la Administración.

Un ejemplo: convertir todos los museos en trusts independientes. El personal no pertenecerá entonces a la Administración. Serán las mismas personas cumpliendo las mismas tareas y recibiendo igual paga, aunque en forma de subsidios. Los subsidios, así como las dietas y las bonificaciones, no cuentan en las estadísticas de pagos. Se obtendrá así una reducción muy notable a menos que alguien estudie muy atentamente el asunto. Este procedimiento se puso en práctica en la década de los ochenta y el público británico quedó convencido de que el personal total de la Administración era de 680.000 personas, la cifra más baja en mucho tiempo.

Sólo queda un problema: crear una cantidad suficiente de trusts. Pero no es necesario hacerlo. Bastará con planearlo en algún momento dentro de los dos próximos años para que el plan se refleje en las estadísticas. Si después el plan no sigue adelante, no será culpa de nadie”.

Afirmaciones como esta y otras parecidas demuestran que, en España, Sir Humphrey haría un magnífico papel. Pero no ya de Permanent Secretary sino de Prime Minister. El hecho de que nuestro actual presidente del Gobierno sea de profesión funcionario, al igual que su todopoderosa vicepresidenta y sus ministros de Economía y de Hacienda y Administraciones Públicas (entre otros) sin duda les predispone a simpatizar más con los enfoques de Sir Humphrey que con los courageous planes de ahorro de Jim Hacker.

La anunciada reforma de las Administraciones Públicas españolas, viernes tras viernes presente en las ruedas de prensa de la Moncloa, parece, si no inspirada por Sir Humphrey, realizada (esto es, boicoteada desde dentro) por él.

Si Humphrey sin duda sonrió complacido cuando el Consejo de Ministros aprobó el 26 de octubre de 2012 un “acuerdo por el que se crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas”, cuyo preámbulo expresa que “España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos”. Justamente a eso me dedico yo desde hace cuarenta años con notable éxito, pensaría orgulloso.

El diseño y la estructura de nuestra gran “Comisión para la Reforma” lleva el sello indeleble de Sir Humphrey. Se integra por “las Subcomisiones que se consideren convenientes” pero, en todo caso las siguientes: a) Subcomisión de Duplicidades administrativas cuyo objeto es “identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación”; b) Subcomisión de Simplificación administrativa para revisar “las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos”; c) Subcomisión de Gestión de servicios y medios comunes para “centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada”; y d) Subcomisión de Administración institucional que “analizará la distinta tipología de entes que la componen”. Nuestro Permanent Secretary tuvo uno de sus días de gloria cuando consiguió convencer al Prime Minister español de que sin esas cuatro subcomisiones, además de las que podrían después añadirse, era imposible la “Gran Reforma”. Esperamos ansiosos sus propuestas, que deben ser presentadas antes del 30 de junio de 2013.

Meses antes de aquel acuerdo del Consejo de Ministros, el 26 de enero de 2012, comparecía en el Congreso de los Diputados el Ministro encargado de las Administraciones Públicas, para exponer el programa del gobierno recién salido de las urnas. Su discurso no pudo, lamentablemente, ser en aquel momento “visado” por Sir Humphrey, lo que seguramente costó el puesto al asesor del gabinete que lo había redactado.

El Ministro tenía la osadía de afirmar, a comienzos de 2012, que “llevaremos a cabo también una modernización de la estructura de las administraciones públicas en un ámbito que quiero destacar esta mañana, la racionalización del sector público dependiente de la Administración central, de la autonómica y de la local donde existe y hay capacidad de reducción del gasto público precisamente consistente en la supresión de organismos, fundaciones y entes o mal llamadas empresas públicas, que no son sino huidas del derecho administrativo y de los controles de la intervención y que, por tanto, tenemos que suprimir en aras de la transparencia de los gobiernos que se ejercen en ese ámbito y también del compromiso de consecución de los objetivos de déficit público. A ese respecto hay acuerdos concretos […] para llevar adelante, en el plazo más breve posible, esa reducción del mal llamado —insisto, señorías, mal llamado— sector público empresarial”.

Sir Humphrey, ya en la Moncloa y con las riendas del verdadero poder en sus manos, no sólo fulminó al asesor del gabinete de Administraciones Públicas que se había creído lo que expuso en aquel discurso sino, lo que es más tranquilizador, intervino activa y decididamente en el ulterior proceso de “supresión” de organismos que el ministro había anunciado “en el plazo más breve posible”. Releyó la cita que hemos transcrito sobre la conversión de los órganos de la Administración en “trusts” desfigurados y resolvió que esa joya de su inventiva no podía quedar suprimida sin más por un ministro, a fin de cuentas pasajero como todos.

En efecto, los buenos oficios de Sir Humphrey se reflejan en los informes oficiales de 2012 y de 2013 (por supuesto, nadie los lee) que van dando cuenta de la paulatina “reordenación del sector público” a tenor de los cuales el número de fundaciones, organismos autónomos, consorcios, sociedades mercantiles de capital público, empresas participadas o personas públicas empresariales y otros entes similares se desenvuelve como la propia energía, esto es, ninguno de ellos propiamente se crea ni se destruye, simplemente se transforman.

Claro que respecto de todos ellos las maniobras obstructivas de Sir Humphrey tampoco necesitaban ser especialmente hábiles o intensas: Jim Hacker y el resto de los ministros, así como sus congéneres en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales, sabían que al frente de aquellos “entes” estaban sus compañeros de partido y que, en definitiva, el partido sostiene al gobierno y al partido lo sostienen sus cargos intermedios, cuyas necesidades de todo tipo son ineludibles.

Volvamos a la “Gran Reforma”. De nuevo en otro viernes, el 26 de abril de 2013, la vicepresidenta del Gobierno y sus ministros de Economía y de Hacienda y Administraciones Públicas daban cuenta a los españoles del acuerdo del Consejo de Ministros “por el que se aprueba la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España, 2013”. En su presentación (power point incluído) se vuelve a anunciar para junio de 2013 el “informe para la reforma de las Administraciones Públicas”. Todos estamos, repito, expectantes.

En un pequeño pero magnífico libro titulado “Perles parlementaires” Paul Quimper reproduce algunas de las mejores ocurrencias de los diputados y senadores franceses. Uno de ellos afirmaba en su hemiciclo, con toda seriedad, dirigiéndose a la Cámara: «je vais me répéter, au risque de dire deux fois la même chose.» La vicepresidenta asumía el mismo riesgo aquel reciente viernes de abril.

Circula por la misma Cámara de la Republique una anécdota (si non é vera é bien trovata) según la cual cuando un debate se tornaba especialmente agrio, un diputado intentó suavizar el tono proponiendo al resto de sus señorías “¡vamos a reformar la Administración Pública!”, afirmación ante la cual todos prorrumpieron en carcajadas. Se cuenta que Sir Humphrey asentía, con emoción, desde la tribuna de invitados.